Más de 200 familias denuncian presuntas irregularidades en Cecofam; separan a personal, informa Judicatura
- El presidente del Consejo de la Judicatura de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, ha separado de sus cargos a varios empleados del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) tras recibir denuncias de más de 200 familias y barras de abogados por presuntos actos de corrupción e intimidación.
- Mientras la cobertura local y nacional enfatiza la gravedad de las acusaciones ciudadanas contra el personal, la prensa local también destaca la postura oficial del Consejo, que descarta la influencia de grupos delictivos en las resoluciones judiciales, aunque reconoce la existencia de casos polémicos previos en distritos como San Martín Texmelucan.
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Más de 200 familias denuncian irregularidades en el CECOFAM
Más de 200 familias denunciaron actos de corrupción e intimidación por parte del personal del Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) en Puebla. Ante esto, el presidente del Consejo de la Judicatura, Pedro Antonio Martínez Hernández, separó a varios empleados de sus cargos e inició investigaciones junto a la Fiscalía General del Estado. La medida surge tras acusaciones de intentos para liberar a un feminicida condenado. Asimismo, se anunció la construcción de cuatro salas de oralidad para reducir la saturación en los juzgados familiares.
Leer en el medio originalDescartan que grupos delincuenciales desvíen la justicia
Pedro Antonio Martínez, presidente del Consejo de la Judicatura, descartó que grupos delincuenciales influyan en las resoluciones judiciales en Puebla, tras reconocer casos polémicos previos en distritos como San Martín Texmelucan. El Consejo realiza actualmente un análisis de carga de trabajo para la apertura de cuatro nuevas salas de oralidad. Asimismo, se anunciaron eventos académicos próximos, incluyendo un conversatorio sobre justicia para adolescentes y un congreso sobre actualización probatoria con especialistas internacionales.
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El presidente del Consejo de la Judicatura de Puebla, Pedro Antonio Martínez Hernández, abordó denuncias de corrupción e intimidación por parte del personal del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam). Tras las quejas de más de 200 familias y barras de abogados, varios empleados fueron separados de sus cargos mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones pertinentes. Para mitigar la saturación judicial, se anunció la construcción de cuatro salas de oralidad. La Judicatura negó la falta de insumos en los distritos y rechazó amenazas de crimen organizado contra jueces.
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