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Defensoría pública sin trabajadora social

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  • El Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas ha solicitado la reinstalación inmediata de 25 especialistas tras el despido de 43 profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ocurrido el pasado 23 de junio.
  • La cobertura, con un enfoque crítico tanto en medios locales como nacionales, destaca la preocupación de la organización por las posibles repercusiones que estas bajas tendrían en la calidad y capacidad de la defensa pública.

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Exige el Colegio de Trabajadoras Sociales Reinstalación de 25 Especialistas en el IFDP

El Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas exige la reinstalación de 25 especialistas despedidas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Las representantes denuncian que el despido de 43 profesionales el pasado 23 de junio afecta la calidad de la defensa pública, ya que los puestos fueron ocupados por personal sin la formación técnica necesaria. El Colegio solicita la reinstalación inmediata, el cese al desplazamiento profesional y la apertura de una mesa de diálogo con la dirección del IFDP para resolver este conflicto laboral.

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Exigen inmediata reinstalación de 25 trabajadoras sociales del IFDP

El Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas exige la reinstalación inmediata de 25 trabajadoras sociales despedidas por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) desde el pasado 23 de junio. La organización advierte que sustituir a profesionales especializadas por personal sin la formación adecuada pone en riesgo la atención a poblaciones vulnerables en casos de violencia familiar y custodia. Además, señalan que la reducción de personal aumentará el rezago en los procesos y retrasará estudios socioeconómicos en Aguascalientes.

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El Heraldo de Aguascalientes
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Defensoría pública sin trabajadora social

El Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas exige la reinstalación inmediata de 25 trabajadoras sociales despedidas del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). La organización advierte que estos despidos, que afectaron a 43 profesionales en todo el país, limitarán el acceso a la justicia para personas vulnerables. En Aguascalientes, la pérdida de su única trabajadora social obliga a que el servicio sea cubierto por personal de Nayarit, lo que provocará retrasos significativos en procesos judiciales y evaluaciones socioeconómicas.

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