Somos el Medio

Más de 90 colectivos de familias buscadoras, organizados bajo el MNDM, emitieron un posicionamiento exigiendo que el Estado mexicano pase de la gestión administrativa a la erradicación de las desapariciones forzadas. La demanda surge tras el ataque armado contra la activista Alma Rosa Rojo Medina en Culiacán, Sinaloa. El movimiento critica que los registros y protocolos estatales no se traduzcan en resultados, mientras organismos como la CIDH y la ONU advierten que las desapariciones en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La Redodem reportó una caída del 74% en los ingresos a albergues de migrantes en 2025, advirtiendo que la movilidad humana se ha vuelto 'invisible' en lugar de disminuir. El informe, titulado 'Migrar bajo la sombra', sostiene que las políticas de contención y los controles fronterizos han empujado la migración hacia rutas clandestinas, dificultando su documentación y protección. Destaca un aumento en la violencia como motor de migración y señala que casi el 20% de la violencia durante el tránsito es atribuida a autoridades mexicanas.

Un panel de especialistas, incluyendo a Pilar Calveiro, analizó el ascenso de los nuevos autoritarismos y su impacto en los derechos humanos. La discusión destacó cómo los líderes contemporáneos utilizan procesos democráticos para debilitar gradualmente los derechos sociales, la educación pública y las protecciones laborales. Los participantes abordaron el 'populismo punitivo', citando la administración de Nayib Bukele en El Salvador como ejemplo de políticas de seguridad que comprometen las garantías legales. Además, se identificó el uso de tecnologías de vigilancia digital como Pegasus como una amenaza para periodistas y activistas.

Un informe de Racismo MX, titulado 'Semillas en trayectoria', revela las significativas barreras que impiden a las personas migrantes en México ejercer sus derechos legales. El estudio destaca la discriminación sistémica en servicios de salud, vivienda, educación, empleo y servicios financieros, impulsada frecuentemente por la nacionalidad y la racialización. Entre los obstáculos clave se encuentran requisitos burocráticos como la CURP para la inscripción escolar y el no reconocimiento de credenciales profesionales extranjeras. Los hallazgos subrayan la brecha crítica entre las protecciones legales y la capacidad práctica de las poblaciones migrantes para acceder a servicios esenciales.

Simpatizantes de la iniciativa 'Ley Trasciende' marcharon en la Ciudad de México para exigir la legalización de la eutanasia, presentando la propuesta ante el Congreso local y sosteniendo una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El movimiento, encabezado por Samara Martínez y el colectivo Derecho a Morir Dignamente, enfatiza el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades terminales. La iniciativa contó con el respaldo de legisladores locales y busca establecer un marco legal para la asistencia médica para morir antes de que concluya el periodo legislativo.

La investigadora Daniela Olvera presentó un estudio en la FILUNI que cuestiona la eficacia de las políticas públicas que igualan el empoderamiento económico con una salida de la violencia de género. Basándose en datos del Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, la investigación destaca que la inserción laboral no garantiza seguridad y puede exponer a las mujeres al acoso laboral o condiciones precarias. El análisis aboga por atender las causas estructurales de la violencia y reconocer las diversas experiencias de las víctimas.

Durante una conferencia de Angela Davis y Gina Dent en la UNAM, activistas interrumpieron el evento para protestar por el proceso penal contra Arturo Lugo, conocido como "Sheveck", exalumno de la FES Acatlán. Los manifestantes utilizaron el espacio para visibilizar su caso, derivado de los sucesos en el plantel en 2020, y criticar la postura de la institución. La protesta buscó señalar la contradicción entre el discurso académico sobre el abolicionismo promovido en la universidad y la persecución legal de activistas estudiantiles.

Más de 40 medios de comunicación mexicanos y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido un exigente llamado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para demandar seguridad y justicia. La acción colectiva surge tras el reporte de 17 periodistas asesinados desde el inicio de la actual administración en 2024. Los grupos denuncian la normalización de la violencia y la negligencia estatal, exigiendo un plan nacional de emergencia que incluya investigaciones coordinadas, medidas de protección y mecanismos para combatir la impunidad del crimen organizado.

Durante una conferencia de Angela Davis y Gina Dent en la UNAM, manifestantes interrumpieron el evento para exigir justicia por la muerte de seis mujeres bajo custodia en el penal de Santa Martha Acatitla. Los manifestantes también exigieron la liberación de Arturo Lugo Macías, conocido como "Shevek", exalumno de la FES Acatlán detenido por hechos relacionados con una ocupación estudiantil en 2020. Las muertes en el penal han motivado investigaciones de la CDHCM por posibles violaciones a los derechos humanos.

Familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia y verdad al Estado. Durante la movilización, los padres exigieron que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declare lo que sabe sobre el paradero de los alumnos. Asimismo, anunciaron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar pruebas pendientes, como informes del GIEI y folios de inteligencia militar. La protesta subraya la persistente lucha y el desgaste de las familias tras doce años del caso.

Diana y Josie han inaugurado Bocados Literarios, una librería feminista y autogestiva en la colonia Buenavista de la Ciudad de México. El proyecto surgió de su amistad y de la necesidad de crear comunidad durante la pandemia, enfocándose en obras escritas por mujeres y disidencias. La iniciativa busca descentralizar la cultura al llevar espacios literarios a zonas residenciales fuera de las áreas gentrificadas. Mediante redes comunitarias y alianzas locales, el espacio ofrece talleres y café para fortalecer el tejido social del barrio.

Angela Davis y Gina Dent participaron en un diálogo magistral en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en el marco de la FILUNI VIII 2026. Durante el evento, discutieron su obra 'Abolición, feminismo, ¡ahora! Hacia el fin del sistema carcelario', la cual analiza las intersecciones entre el feminismo y el abolicionismo para cuestionar los modelos de seguridad estatal. Las ponentes destacaron la importancia de la colectividad, la lectura y la generación de esperanza para enfrentar el capitalismo y la violencia sistémica.

Comunidades indígenas de la región de la Montaña en Guerrero han organizado protestas para exigir la rehabilitación integral de la carretera Tlapa-Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca, la cual denuncian ha estado en abandono por casi 20 años. El deterioro del camino, marcado por baches profundos y derrumbes frecuentes, dificulta el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio. Los habitantes advirtieron que si las autoridades estatales y federales no ofrecen una solución permanente, escalarán sus movilizaciones hacia Chilpancingo y la Ciudad de México.

Los colectivos Lucha Trans y Clan de Mariposas Negras realizaron una protesta en la Cineteca Nacional para exigir el retiro de una denuncia penal contra la activista Razzia Santillán. La institución reclama 200 mil pesos por daños a la propiedad durante una manifestación, monto que los activistas califican como desproporcionado. El conflicto se originó tras un incidente de discriminación por identidad de género en 2023, derivando en la ocupación del recinto como espacio de resistencia y subsistencia económica. El caso evidencia tensiones entre las demandas institucionales y el derecho a la protesta.

Más de veinte organizaciones civiles y habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara marcharon para exigir transparencia sobre el plan hídrico de Jalisco, valorado en 42.2 mil millones de pesos. Los manifestantes rechazaron la posible privatización del SIAPA mediante asociaciones público-privadas y criticaron la mala calidad del suministro de agua. Las demandas incluyen auditorías públicas, alertas sanitarias en zonas afectadas y la restauración del Río Santiago y el Lago de Chapala, defendiendo el agua como un bien público.