Partidero

Un juez vinculó a proceso a cuatro policías municipales de Zamora, Michoacán, por su presunta participación en una red de corrupción. Los agentes habrían robado un arma de fuego, teléfonos celulares y un perro de la escena de un crimen donde varias personas habían fallecido por disparos. Tras detectarse la alteración de la escena, las autoridades detuvieron a los implicados, quienes enfrentan prisión preventiva mientras avanza la investigación. El caso subraya los retos de integridad policial en una zona afectada por el crimen organizado.

La dirigencia estatal del PAN en Michoacán criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del IMSS, Zoé Robledo, acusándolos de intentar ocultar graves deficiencias institucionales mediante mejoras superficiales. El partido afirma que las instalaciones del IMSS están siendo embellecidas para visitas oficiales con el fin de encubrir el desabasto de medicamentos, la falta de especialistas y la saturación de servicios. Según el PAN, estas medidas paliativas no resuelven los problemas sistémicos que afectan a los 17 hospitales y unidades médicas en el estado.

La bancada del PRI en Jalisco ha condicionado su apoyo al proyecto del segundo acueducto Chapala-Guadalajara del gobernador Pablo Lemus a un escrutinio financiero estricto. Aunque no rechazan la obra, expresaron preocupación por los riesgos financieros del esquema de asociación público-privada, que podría alcanzar los 48,000 millones de pesos en 25 años. Por ello, el PRI solicitó la comparecencia urgente de cinco titulares de dependencias estatales ante el Congreso para esclarecer las soluciones a la crisis hídrica y posibles abusos de autoridad en protestas recientes.

Los partidos Morena, Hagamos, Futuro y PT exigen la destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, tras presuntas agresiones policiales contra manifestantes el pasado 11 de octubre. Los grupos demandan una investigación exhaustiva sobre los responsables de la violencia, la reparación del daño a más de 50 víctimas y la sanción de los funcionarios que ordenaron las acciones. Además, advirtieron sobre el uso de juicio político y pidieron al Poder Judicial evitar la criminalización de los manifestantes.

El gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque anunció el despliegue de 32 pipas de agua gratuitas y la instalación de 11 nuevas cisternas para mitigar los tandeos programados por el SIAPA. La alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura destacó que la iniciativa busca abastecer a las colonias más afectadas, dado que la planta potabilizadora local sufrirá interrupciones significativas. Asimismo, la administración reafirmó su rechazo a la privatización del agua y se comprometió a exigir descuentos a los usuarios que reciban un servicio deficiente.

Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI en Jalisco, calificó la situación política y social actual del estado como el principio del fin de Movimiento Ciudadano. Durante una conferencia de prensa, condenó la respuesta del gobierno ante la crisis de agua contaminada en el Área Metropolitana de Guadalajara, criticando específicamente el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra manifestantes. Haro Ramírez exigió la destitución inmediata de los funcionarios responsables de la represión y anunció que el equipo jurídico del PRI brindará asesoría a las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó oficialmente las acusaciones de incineraciones masivas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, tras la difusión de un video con un presunto integrante de un grupo criminal. Aunque la FGR desmintió las supuestas ejecuciones por fuego, confirmó que el procesamiento pericial en el sitio presenta un avance del 92%. Además, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha procesado a 15 personas presuntamente vinculadas al lugar, señalado como un campo de adiestramiento criminal.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar presuntos abusos policiales durante una manifestación en Guadalajara por la mala calidad del agua. La investigación busca esclarecer las responsabilidades por el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua, así como posibles actos de tortura. Aunque la Secretaría de Seguridad de Jalisco ya separó a dos policías, la CNDH ejercerá su facultad de atracción para determinar si hubo violaciones generales a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante una protesta en Guadalajara el 11 de octubre. La manifestación, motivada por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, derivó en denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal. La CNDH busca esclarecer las detenciones y determinar responsabilidades, mientras que la Secretaría de Seguridad de Jalisco ya separó a dos policías para su investigación interna.

Dos policías estatales de Jalisco fueron separados de sus cargos tras ser señalados por el uso excesivo de la fuerza durante una protesta masiva contra la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La manifestación, que reunió a más de 10,000 ciudadanos, derivó en confrontaciones cerca de Casa Jalisco y acusaciones de detenciones ilegales. La Secretaría de Seguridad realiza una investigación interna mediante el análisis de videos para identificar a otros implicados, luego de que el gobernador Pablo Lemus Navarro reconociera los excesos policiales.

Esta columna de opinión reflexiona sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza a través de un diálogo con un filósofo fallecido de la BUAP. El autor debate el concepto del antihumanismo ecológico y la misantropía, argumentando contra la idea de que el progreso humano es inherentemente perjudicial para los procesos naturales. En su lugar, el texto plantea que la evolución humana, guiada por la razón (logos), debe aspirar a armonizar la civilización con el medio ambiente y otras especies, superando el salvajismo para lograr una coexistencia refinada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares tras un enfrentamiento durante una manifestación en la Zona Metropolitana de Guadalajara el 11 de octubre de 2026. Las medidas incluyen el acompañamiento integral a manifestantes detenidos, sus familiares y policías heridos a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Asimismo, la CEDHJ supervisará la investigación interna ordenada por el gobernador Pablo Lemus Navarro para garantizar la seguridad jurídica y prevenir futuros abusos de autoridad.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) desmintió las declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sobre la liberación de manifestantes detenidos por protestas por agua limpia en Guadalajara. Según la organización, solo una persona fue liberada totalmente, mientras que otros enfrentan procesos judiciales por lesiones o permanecen en espera de una resolución jurídica. El CEPAD denunció el riesgo de criminalizar la protesta social y solicitó al Poder Judicial evitar el uso del sistema penal como mecanismo de represión.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la liberación de todas las personas detenidas durante la 'Mega Marcha por Agua Limpia' en la Zona Metropolitana de Guadalajara, admitiendo fallas operativas y uso excesivo de la fuerza policial. Tras la presión de organismos de derechos humanos, instituciones como la U de G e ITESO, y la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario descartó la privatización del agua. Aseguró que no habrá concesiones a empresas israelíes ni incrementos en las tarifas del servicio.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, exigió la liberación de las personas detenidas durante las protestas por la problemática del agua en Jalisco. Criticó al gobierno estatal, encabezado por Movimiento Ciudadano, acusando a las autoridades de utilizar tácticas represivas contra la ciudadanía. Montiel solicitó específicamente la renuncia del secretario de Seguridad Pública estatal, argumentando que la administración priorizó el resguardo de oficinas gubernamentales sobre la atención a la crisis hídrica. La tensión política subraya el creciente conflicto entre la dirigencia nacional de Morena y el gobierno de Jalisco.

El SIAPA anunció que se implementarán cortes rotativos semanales en el suministro de agua que afectarán al 42% de la Zona Metropolitana de Guadalajara hasta marzo de 2027. Esta medida responde a problemas de calidad del agua y se debe al cierre de la presa Las Pintas. Se espera que las interrupciones disminuyan cuando entre en funcionamiento un nuevo sistema de potabilización en Miravalle. Las autoridades señalaron que las viviendas con cisternas sufrirán un menor impacto.

Siete hombres fueron trasladados al complejo carcelario de Puente Grande tras los actos violentos registrados durante una manifestación frente a Casa Jalisco. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que seis de los detenidos enfrentan cargos por lesiones dolosas contra elementos de seguridad pública, mientras que un séptimo es acusado de desobediencia. De las 39 personas detenidas inicialmente durante los disturbios, 32 fueron liberadas tras su revisión jurídica. Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas.

Colectivos y familiares instalaron un campamento frente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para exigir la liberación de siete personas detenidas tras una mega marcha por agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los manifestantes denuncian que los detenidos han permanecido más de 30 horas sin acceso a abogados ni conocimiento de los cargos imputados. A través de redes sociales, los organizadores buscan movilizar a la sociedad para visibilizar el caso y denunciar presuntas injusticias.

Este artículo de opinión critica a la dirigencia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) por aprobar un contrato de 99 años para el desarrollo del proyecto 'Ciudad UdeG' en 16 hectáreas de la zona de Los Belenes. El autor sostiene que este desarrollo inmobiliario, comercial y deportivo contraviene la donación federal original destinada exclusivamente a fines educativos. El texto destaca la preocupación por la pérdida de suelo público para uso académico futuro y la falta de consulta a la comunidad universitaria, calificando la medida como una priorización de intereses comerciales sobre la misión educativa.

El artículo reseña la novela 'Tu sueño imperios han sido' de Álvaro Enrigue, la cual ofrece una reimaginación fantástica y cómica de la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlán en 1519. En lugar de un relato histórico tradicional, la obra utiliza la ficción para explorar el encuentro mediante una lente que combina lo cotidiano con lo fantástico, humanizando figuras como Malinalli. El texto destaca la trayectoria literaria de Enrigue y su intención de desafiar las narrativas históricas convencionales mediante la creación literaria.

El gobierno de Jalisco anunció el inicio de un programa de rotación del servicio de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara a partir del 15 de octubre. El gobernador Pablo Lemus Navarro coordinó con alcaldes metropolitanos y el SIAPA para implementar esta estrategia de suministro. Para mitigar posibles bajas de presión o afectaciones, las autoridades brindarán apoyo mediante pipas, cisternas y tinacos. Los ciudadanos podrán consultar los horarios en un mapa digital o solicitar asistencia a través de los canales oficiales del SIAPA.

Tras una megamarcha por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, familiares y organizaciones de derechos humanos exigen la liberación de los detenidos. Representantes del CEPAD y familiares denuncian detenciones arbitrarias, agresiones físicas por parte de la policía e incomunicación de los arrestados. Mientras las autoridades reportaron 39 detenciones, activistas señalan que podrían ser más de 50. El caso ha generado preocupación por posibles violaciones al debido proceso y desapariciones forzadas tras el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció la detención de 49 personas tras una megamarcha por el agua en Guadalajara. El organismo de derechos humanos reportó casos de tortura física, psicológica y sexual, además de denunciar desapariciones forzadas durante el operativo policial. Según el CEPAD, las detenciones afectaron a manifestantes pacíficos y el uso del sistema penal busca amedrentar la protesta social. De los detenidos, 12 han sido liberados, mientras 37 permanecen bajo custodia judicial.

Un grupo de abogados interpuso un amparo federal para exigir la liberación de manifestantes detenidos durante protestas por la problemática del agua en Jalisco. El equipo legal denuncia violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, agresiones físicas y el uso excesivo de la fuerza. La demanda señala directamente al gobernador Pablo Lemus Navarro, argumentando su responsabilidad en la represión. La acción legal busca proteger los derechos constitucionales de un grupo de entre 13 y 59 personas afectadas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció un acuerdo con Conagua para impulsar obras de infraestructura hídrica, incluyendo el acueducto Chapala-Guadalajara, para mejorar la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Al mismo tiempo, el mandatario abordó las recientes protestas frente a Casa Jalisco, informando sobre la detención de 39 personas y 28 policías lesionados. Lemus se comprometió a investigar posibles excesos policiales y a colaborar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para revisar las detenciones.

Un grupo de 282 académicos universitarios condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales contra manifestantes pacíficos en la zona metropolitana de Guadalajara. Los docentes exigen la liberación inmediata de 39 detenidos tras las protestas por la crisis hídrica en Jalisco. Denunciaron además la mala calidad del agua, señalando la presencia de metales pesados y coliformes fecales que representan un riesgo sanitario. Los académicos sostienen que la represión no resuelve los problemas estructurales de gestión del agua y derechos sociales.

Doce de las 39 personas detenidas tras la protesta por la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara han sido liberadas. Las detenciones se produjeron tras enfrentamientos violentos frente a Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador. La Fiscalía del Estado aplicó disposiciones legales que permiten la liberación mientras continúan las investigaciones por delitos como ataques a las vías de comunicación y lesiones. Las autoridades confirmaron que los procesos legales seguirán vigentes a pesar de que los implicados enfrenten la investigación en libertad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el uso de la violencia y la represión tras los enfrentamientos ocurridos durante las protestas por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante su conferencia matutina, la mandataria instó al diálogo para resolver inconformidades sociales y solicitó al Gobierno de Jalisco informar sobre el uso de gases lacrimógenos y la identidad de los detenidos. Asimismo, justificó el uso de vallas metálicas en instalaciones federales como una medida para evitar confrontaciones directas entre policías y manifestantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reunión entre el gobierno federal, el gobierno de Jalisco y la Conagua para abordar la contaminación del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. Las discusiones se centrarán en medidas urgentes y proyectos de infraestructura a largo plazo. Un punto clave de la negociación es la propuesta estatal de utilizar un modelo de financiamiento CMRO, que implica la participación de empresas privadas. Mientras la presidenta analiza las implicaciones del modelo, el gobernador Pablo Lemus Navarro sostiene que el esquema no representa la privatización del servicio.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una investigación por presunto abuso policial tras los violentos enfrentamientos ocurridos durante una protesta ciudadana por el abasto y calidad del agua cerca de Casa Jalisco. El organismo emitió medidas cautelares exigiendo atención médica y respeto a la integridad de 39 personas detenidas durante la movilización. La investigación busca determinar responsabilidades por la presunta vulneración de derechos fundamentales tras el uso de la fuerza pública para dispersar a los manifestantes.