Chiapas Paralelo

Miles de indígenas marcharon en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para exigir paz y justicia a dos años del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Los manifestantes denunciaron la persistencia del crimen organizado, señalando el reclutamiento de jóvenes y niños para el narcotráfico y la violencia. La protesta también destacó problemas sistémicos como el desplazamiento forzado, la impunidad y la desconfianza en la justicia, exigiendo a las autoridades federales identificar a los autores intelectuales del crimen del sacerdote.

El artículo analiza el inicio del maratón electoral del partido Morena en Chiapas, centrándose en los principales aspirantes municipales. En Tuxtla Gutiérrez, Paco Chacón es el contendiente principal, aunque el autor critica su eslogan de campaña por considerarlo machista. En Tapachula, se prevé que Viridiana Figueroa no tenga competencia significativa, mientras que María del Carmen Vázquez Velasco destaca como aspirante en Comitán. El texto subraya la larga duración de estos procesos electorales locales de cara a las elecciones de junio.

Familias desplazadas de Centro Tzanembolom marcharon en Chenalhó, Chiapas, para exigir un retorno seguro a su comunidad y protección contra grupos armados. Los manifestantes acusan a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de haberlos expulsado por la fuerza y de ocupar sus viviendas. La movilización evidencia la discrepancia entre los informes oficiales del gobierno sobre la resolución del conflicto y la realidad de las familias desplazadas, incluyendo niños que han sufrido interrupciones prolongadas en su educación debido a la violencia.

El autor ofrece una reseña personal y analítica de la película 'Coyote vs ACME', interpretándola como una alegoría contracultural de los marginados frente a un sistema opresor. Basándose en su formación académica en Antropología, el autor argumenta que el Coyote, como 'perdedor', representa al ciudadano indefenso ante un monstruo capitalista (ACME) que utiliza el poder hegemónico para silenciar la disidencia. El texto concluye que la película funciona como un diagnóstico social de las dinámicas de poder y la desigualdad sistémica actuales.

Este artículo de análisis sostiene que el debate sobre prohibir los celulares en las escuelas es un falso dilema que ignora problemas sistémicos más profundos. Aunque legisladores en México han propuesto restricciones para reducir distracciones y el ciberacoso, investigadores de Ecosur sugieren que estas medidas no abordan la manipulación algorítmica de las plataformas ni la compleja realidad digital de la juventud. Mediante un estudio de caso en Chiapas, los autores destacan que la violencia digital, la desigualdad y el reclutamiento criminal son desafíos más significativos que la simple presencia de dispositivos en el aula.

La organización EDUCA ha lanzado la campaña "¿Desarrollo para quién?" para fomentar una reflexión colectiva sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de los megaproyectos en Oaxaca. La iniciativa busca visibilizar la tensión entre los modelos de desarrollo impulsados por el gobierno y las acciones de defensa territorial de las comunidades indígenas en regiones como el Istmo de Tehuantepec y los Valles Centrales. A través de videodocumentales y contenido digital, la campaña pretende facilitar el diálogo público sobre la transformación de los territorios y la distribución de los beneficios del desarrollo.

Tres años después del feminicidio de la empresaria canadiense Ángela Birkenbach, su familia lucha por la justicia y la protección de sus hijos menores de edad. El caso ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la preocupación por el bienestar de los menores, quienes recibieron la custodia estatal a manos de la hermana del presunto agresor. La familia denuncia la falta de acompañamiento psicológico y la convivencia forzada entre los niños y su padre, quien permanece detenido. Esta batalla legal busca impulsar reformas nacionales para evitar la revictimización de menores en casos de feminicidio.

Grupos armados del crimen organizado han incursionado en diversas comunidades indígenas tsotsiles en la zona alta de Cintalapa, Chiapas, en los límites con Oaxaca. Las incursiones, vinculadas a una disputa territorial entre cárteles, han paralizado la vida local, provocando la suspensión de clases, actividades agrícolas y el comercio. Pese al despliegue de la policía estatal, los habitantes reportan inseguridad continua y saqueos, lo que los ha llevado a organizar guardias comunitarias y solicitar presencia militar federal ante la desconfianza en las autoridades locales.

Doce comunidades mixes-zapotecas de cuatro municipios del Istmo de Tehuantepec iniciaron un bloqueo carretero indefinido en el puente El Caracol, sobre la carretera Panamericana. Los manifestantes, que representan a unos 10,000 habitantes, exigen la pavimentación de caminos y servicios de energía eléctrica dignos ante constantes apagones y vialidades intransitables. La acción colectiva surge tras el hartazgo de las comunidades ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales a sus peticiones previas.

Organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua exigen atención urgente a los derechos de las mujeres privadas de la libertad, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas. Los colectivos denuncian barreras lingüísticas, culturales y económicas que impiden una defensa legal adecuada y el acceso a la justicia. La iniciativa busca implementar protocolos especializados, garantizar atención médica y preservar los vínculos familiares para evitar que la pobreza y la falta de información se conviertan en sanciones adicionales para mujeres vulnerables.