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La Comisión de Educación en San Luis Potosí aprobó la propuesta de la diputada Sara Rocha Medina para declarar el 25 de marzo como el 'Día de la Niña y el Niño por Nacer'. Este es el segundo intento de la legisladora tras un rechazo previo. Mientras los defensores sostienen que la fecha busca fomentar la atención prenatal, sectores feministas advierten que la iniciativa podría afectar los derechos reproductivos y el acceso al aborto. La propuesta regresará al Pleno para su votación final.

Colectivos de movilidad en San Luis Potosí firmaron una minuta con el Ayuntamiento para establecer una Dirección de Movilidad y mejorar la seguridad vial. Aunque el acuerdo contempla la creación de cruces seguros, ciclovías y un observatorio ciudadano, los representantes expresan escepticismo sobre la capacidad de cumplimiento de las autoridades. Los colectivos exigen entregables técnicos concretos, como cronogramas y presupuestos asignados, para asegurar que los compromisos se traduzcan en soluciones reales de movilidad urbana y no solo en acuerdos administrativos.

Según datos recientes del INEGI, más de un millón de personas en San Luis Potosí viven en condiciones de pobreza multidimensional o extrema. El estado se sitúa entre las ocho entidades con mayor población en pobreza multidimensional en México, afectando al 30.4% de su población, cifra que supera la media nacional. Además, 145,700 habitantes enfrentan pobreza extrema, lo que representa el 5.1% de la población. Estas cifras, publicadas en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, subrayan las carencias sociales en la entidad.

Con motivo del Día del Bastón Blanco, se realizó una marcha en el Centro Histórico de San Luis Potosí para exigir accesibilidad urbana e inclusión social para personas con discapacidad visual. Encabezada por estudiantes del Instituto Ezequiel Hernández Romo, la movilización destacó la necesidad de mantener guías podotáctiles y semáforos sonoros funcionales. Los participantes enfatizaron que la verdadera inclusión requiere tanto infraestructura física como un cambio social para eliminar la discriminación laboral y en servicios públicos, garantizando la autonomía de las personas con discapacidad.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, acusó al Gobierno del Estado de acumular una deuda de al menos 300 millones de pesos con el organismo Interapas. El edil señaló que, pese a solicitar un convenio de compensación para equilibrar adeudos mutuos, no se ha logrado una solución en cinco años. Esta situación financiera compromete la capacidad de Interapas para mantener los servicios de agua y drenaje, afectando la operatividad del organismo. Galindo advirtió que la falta de pago continuará deteriorando las finanzas de la entidad.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2026 contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tras una queja del diputado Héctor Serrano Cortés. El organismo determinó que las declaraciones del rector de la institución sobre el origen y la formación académica del legislador constituyeron actos de discriminación y vulneraron su derecho al trato digno. La resolución exige siete medidas reparatorias, incluyendo una disculpa pública por parte del rector, y solicita una revisión administrativa para evaluar la responsabilidad de la autoridad universitaria.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, cuestionó el financiamiento de la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para eximir del pago de agua a adultos mayores que viven solos. Aunque el edil manifestó su apoyo al sector, señaló la necesidad de definir si el Gobierno estatal transferirá recursos directamente a Interapas o mediante otro mecanismo. Galindo advirtió que es crucial asegurar que la medida no comprometa la capacidad operativa del organismo para cubrir costos de extracción, distribución y tratamiento.

La exdiputada federal y local Lidia Nallely Vargas Hernández anunció su renuncia a Morena para integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este movimiento se suma a una tendencia de legisladores de la LXIII Legislatura, provenientes del PRI y el PAN, que han migrado hacia las filas del Partido Verde. La transición ocurre en un contexto de reestructuración interna en Morena y tras la incorporación de diversos exintegrantes de otros partidos a los proyectos políticos del Verde en San Luis Potosí.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) y la dirigencia del PAN han intercambiado acusaciones mutuas sobre deudas de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí. La CEA reclama a Interapas 296.3 millones de pesos por el tratamiento de aguas residuales en la planta Tenorio, mientras que el PAN denuncia que el Gobierno estatal adeuda 278.5 millones de pesos por diversos inmuebles públicos. El conflicto evidencia tensiones financieras y retrasos en infraestructura, como la reparación pendiente del ducto de El Realito.

La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) amplió por segunda ocasión la suspensión temporal de la Plataforma Estatal de Transparencia, extendiendo el plazo para la actualización de información pública hasta el 26 de octubre. Aunque el organismo atribuye el retraso a trabajos de 'actualización y adecuación', no ha precisado las causas técnicas de las prórrogas. La interrupción sucede en un contexto de reducción administrativa y transición tras una reforma constitucional.

Las autoridades estatales y el IMSS-Bienestar alcanzaron acuerdos con los trabajadores del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” tras cinco días de manifestación. El pacto incluye el abastecimiento de medicamentos, material de curación e insumos para el laboratorio, además de ajustes salariales para ocho trabajadores. También se estableció un plan para gestionar 395 plazas de empleo y la rehabilitación del área de hemodiálisis. Las mesas de trabajo continuarán el 19 de octubre para revisar puntos pendientes.

Interapas, el organismo operador de la zona metropolitana, negó haber realizado una modificación masiva de datos tras la denuncia de una ciudadana en la colonia Francisco I. Madero. Mientras la institución sostiene que el caso es aislado y vinculado a una solicitud de carta de no adeudo, la denunciante afirma que el cobro fue por corregir errores en su recibo. La controversia persiste, ya que la ciudadana presentó una grabación que sugiere que los errores de datos afectan a otros usuarios de la zona.

El artículo critica a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por su gestión durante su transición hacia la extinción formal. El autor destaca cómo un periodo de mantenimiento de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) ha suspendido efectivamente el acceso ciudadano a la información, lo cual se considera una vulneración de derechos. Además, el texto sostiene que las acciones de la comisión favorecen a los sujetos obligados sobre la ciudadanía, planteando riesgos de opacidad ante la futura sustitución del organismo autónomo por una dependencia de la Contraloría Estatal.

Más de mil trabajadores y ciudadanos marcharon en San Luis Potosí para protestar contra el IMSS, denunciando la falta crítica de insumos médicos y recursos insuficientes. Los manifestantes exigieron mejores condiciones laborales, incrementos salariales y la destitución del titular nacional del instituto. La movilización, que incluyó a personal de enfermería y familiares de pacientes, destacó cómo la carencia de materiales dificulta la atención sanitaria. Protestas similares se reportaron también en Ciudad Valles como parte de una convocatoria nacional.

Luis Fernando Gámez Macías, presidente del Congreso del Estado, anunció que solicitará una auditoría especial y un posible juicio político contra el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. La medida surge tras señalamientos sobre presuntos pagos por honorarios realizados a un dirigente del PAN, Carlos Enrique Dahud Uresti. Gámez acudirá al IFSE y a autoridades electorales para investigar un posible uso indebido de recursos públicos. El alcalde ha rechazado las acusaciones, indicando que las observaciones están en proceso de solventación.

Ejidatarios de San Francisco, en Villa de Guadalupe, preparan acciones legales contra Grupo Valoran por daños ambientales derivados de la construcción de la carretera Entronque 75-D Matehuala. Un dictamen técnico señala que la obra ha afectado entre 150 y 170 hectáreas de matorral xerófilo mediante excavaciones no autorizadas y la destrucción de especies protegidas. Ante la falta de permisos de Semarnat o Segam, los afectados presentarán una denuncia ante la Profepa por el impacto irreversible en el ecosistema y el suelo.

Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, manifestó desconocer la reserva de información por cinco años impuesta por el gobierno estatal sobre la compra de cuatro perros robot. El Comité de Transparencia de la SSPC aprobó este secreto hasta 2031 alegando seguridad, aunque la medida también oculta datos financieros y de contratación. El legislador delegó la resolución al IFSE, señalando que dicha institución es la autoridad competente para investigar posibles irregularidades en las adquisiciones gubernamentales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la convocatoria para candidaturas independientes a diputaciones federales para las elecciones de 2027. Los interesados deben manifestar su intención antes del 13 de diciembre y posteriormente reunir apoyos ciudadanos equivalentes al 2% de la lista nominal de su distrito. El proceso incluye reglas estrictas de fiscalización, limitando el gasto a aproximadamente 220,000 pesos para evitar la cancelación del registro. Esta convocatoria establece los plazos y requisitos legales para que ciudadanos sin partido político participen en el próximo ciclo electoral.

El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, se registró en tres coordinaciones internas en San Luis Potosí como parte de su estrategia para las elecciones de 2027. Su inscripción simultánea en cargos municipales, distritales federales y locales contrasta con el llamado de la dirigencia estatal para que los aspirantes prioricen áreas específicas. Rosas Montiel busca la coordinación municipal como paso previo a una eventual candidatura a la alcaldía, enfocándose en temas como el agua y la movilidad.

Los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos han comenzado a depositar sus residuos sólidos urbanos en el Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Cipres) en San Luis Potosí. Aunque los convenios formales aún están en negociación, la medida se priorizó para resolver dificultades inmediatas en la gestión de basura y asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. El sitio utiliza celdas impermeabilizadas para evitar la contaminación de mantos acuíferos y tiene una vida útil estimada de 70 años.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández, afirmó desconocer los motivos por los cuales se reservaron los contratos de adquisición de perros robot. Aunque el funcionario señaló al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública como posible responsable, el Comité de Transparencia de la propia SSPC aprobó por unanimidad la reserva de estos documentos por cinco años. La medida impide conocer costos y proveedores, bajo el argumento de proteger la seguridad operativa.

Este artículo de opinión destaca la trayectoria y el legado de Víctor Suárez Carrera, el recién nombrado Procurador Agrario Nacional, enfatizando su larga historia de activismo rural y desarrollo de políticas agrícolas. El autor lo describe como una figura clave de la 'Cuarta Transformación' que aboga por la soberanía alimentaria, la producción a pequeña escala y la protección de las tierras comunales frente a la privatización neoliberal. El texto concluye anunciando una conferencia magistral que impartirá en San Luis Potosí sobre la evolución de los derechos agrarios.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que San Luis Potosí registró 39 homicidios entre enero y septiembre, situándose como el segundo estado más seguro del país en esta métrica. Aunque la entidad observó una disminución del 78.6% en el promedio diario de homicidios, el reporte señaló una discrepancia entre los informes diarios de seguridad y los datos consolidados mensuales. Asimismo, se destacó que siete entidades concentraron el 50% del total nacional de homicidios.

San Luis Potosí ha registrado 38 casos confirmados de miasis humana por gusano barrenador, lo que sitúa al estado en el séptimo lugar nacional al 9 de octubre de 2026. Aunque la entidad pasó de cero casos en 2025 a 38 en el año en curso, no se reportaron nuevos contagios en la última semana epidemiológica. La Secretaría de Salud emitió recomendaciones sobre el cuidado de heridas y la vigilancia de mascotas para prevenir complicaciones por las larvas.

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí advirtió sobre los riesgos de incendio que representan las baterías de litio en motopatines y motocicletas eléctricas por sobrecargas o golpes. Tras atender dos incidentes con daños materiales, el comandante Adolfo Benavente Duque recomendó un almacenamiento seguro para evitar obstrucciones en rutas de evacuación. Estas advertencias subrayan la importancia de cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCFI-2018 sobre requisitos de seguridad en aparatos electrónicos.

El Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí enfrenta un déficit operativo mensual de entre 800 mil y 900 mil pesos debido a que los recursos gubernamentales son insuficientes. Para mitigar esta situación, el Patronato organizó la carrera 'Corriendo por nuestros héroes', la cual recaudó 150 mil pesos con la participación de más de 400 personas. Los fondos se destinarán a la adquisición de equipo de seguridad especializado para proteger al personal. La iniciativa subraya la necesidad de la colaboración ciudadana para sostener los servicios de emergencia.

El Gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró como reserva total por cinco años toda la información sobre la adquisición de cuatro perros robot. La decisión, aprobada por un comité de transparencia, impide conocer costos, contratos y proveedores hasta 2031. Las autoridades justifican la medida argumentando que revelar especificaciones técnicas podría permitir que grupos criminales exploten vulnerabilidades en los equipos. Esta acción se suma a una serie de reservas de información realizadas por la administración estatal sobre diversas obras y contratos.

El artículo analiza la tensión política en San Luis Potosí tras la revelación del IFSE sobre observaciones de auditoría por 450 millones de pesos contra el Ayuntamiento. El momento de esta divulgación, que ocurre inmediatamente después de la presentación de programas municipales por parte del alcalde, se plantea como una maniobra estratégica dentro del conflicto entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos. El autor sugiere que estas filtraciones de información sirven a los intereses del gobierno estatal, lo que podría socavar la credibilidad institucional del IFSE y fomentar la confrontación política.

Trabajadores de la salud en San Luis Potosí, incluyendo personal del IMSS y hospitales locales, han realizado protestas para denunciar la falta crítica de suministros, personal y equipo médico. La columna destaca problemas sistémicos como el desabasto de medicamentos y las largas esperas que afectan al sector público. Mientras que funcionarios gubernamentales han calificado las protestas de ilegales o citan altos porcentajes de abasto, la autora sostiene que la carencia de insumos básicos como jeringas y catéteres socava la calidad de la atención y la dignidad del personal sanitario.

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó su propuesta de presupuesto para 2027, solicitando un total de 763.2 millones de pesos. La mayor parte de los recursos se destinará a la organización del proceso electoral 2026-2027, que incluye la gubernatura y las elecciones legislativas locales. Además, se asignan 283.4 millones de pesos para el financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes. La propuesta será remitida a la Secretaría de Finanzas y al Congreso del Estado para su revisión.