White House posts third taxpayer-paid ad campaign boosting Trump ahead of midterm elections
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- La Casa Blanca enfrenta críticas bipartidistas por el uso de fondos públicos para emitir anuncios de televisión protagonizados por el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de término.
- Críticos de ambos partidos, así como grupos de defensa sin fines de lucro, argumentan que los spots funcionan como propaganda política ilegal en lugar de anuncios de servicio público.
- La controversia se centra en si estos gastos violan la Ley Hatch y las prohibiciones federales contra el uso de dinero público para publicidad partidista.
- La Casa Blanca sostiene que los anuncios están destinados a la educación pública y al orgullo nacional. Time
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Trump's Taxpayer-Funded Ads Draw Bipartisan Criticism
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White House posts third taxpayer-paid ad campaign boosting Trump ahead of midterm elections
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Trump's Taxpayer-Funded Ads Draw Bipartisan Criticism
La Casa Blanca enfrenta críticas bipartidistas por el uso de fondos públicos para emitir anuncios de televisión protagonizados por el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de término. Críticos de ambos partidos, así como grupos de defensa sin fines de lucro, argumentan que los spots funcionan como propaganda política ilegal en lugar de anuncios de servicio público. La controversia se centra en si estos gastos violan la Ley Hatch y las prohibiciones federales contra el uso de dinero público para publicidad partidista. La Casa Blanca sostiene que los anuncios están destinados a la educación pública y al orgullo nacional.
Leer en el medio originalWhite House posts third taxpayer-paid ad campaign boosting Trump ahead of midterm elections
La Casa Blanca ha lanzado una tercera campaña de anuncios de televisión financiada por los contribuyentes que presenta la retórica de Donald Trump antes de las elecciones de mitad de término. Mientras que la administración defiende los spots como 'anuncios de servicio público' que promueven el orgullo nacional y la educación, los demócratas y algunos legisladores republicanos han criticado la medida como propaganda partidista potencialmente ilegal. La controversia se centra en si el uso de fondos públicos para promover la imagen del presidente viola las leyes federales que prohíben el uso de dinero de los contribuyentes para publicidad no autorizada.
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