Un tribunal decide si inculpar a la Administración Trump por desacato al deportar a venezolanos a El Salvador
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- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de apelaciones poner fin a una investigación sobre si funcionarios de la administración Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial relacionada con la deportación de venezolanos a El Salvador.
- Mientras el Departamento argumenta que la investigación es ilegal y excede las funciones judiciales, la ACLU sostiene que es necesaria para preservar la separación de poderes.
- El tribunal debe determinar si el juez James Boasberg tiene facultades para continuar con la investigación por desacato. Excelsior
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Departamento de Justicia pide frenar investigación sobre vuelos de deportación de venezolanos
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Un tribunal decide si inculpar a la Administración Trump por desacato al deportar a venezolanos a El Salvador
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Departamento de Justicia pide frenar investigación sobre vuelos de deportación de venezolanos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de apelaciones poner fin a una investigación sobre si funcionarios de la administración Trump desobedecieron deliberadamente una orden judicial relacionada con la deportación de venezolanos a El Salvador. Mientras el Departamento argumenta que la investigación es ilegal y excede las funciones judiciales, la ACLU sostiene que es necesaria para preservar la separación de poderes. El tribunal debe determinar si el juez James Boasberg tiene facultades para continuar con la investigación por desacato.
Leer en el medio originalUn tribunal decide si inculpar a la Administración Trump por desacato al deportar a venezolanos a El Salvador
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia celebrará una audiencia extraordinaria con sus 11 jueces para decidir si continúa una investigación por desacato penal contra la Administración Trump. El caso surge tras la deportación de migrantes venezolanos hacia la prisión CECOT en El Salvador en marzo de 2025, acción que presuntamente desobedeció una orden judicial previa. La controversia radica en el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar personas sin debido proceso, lo que podría derivar en imputaciones contra exfuncionarios del DHS.
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