Plataformas digitales en Chiapas: ¿regular el transporte o castigar el derecho al trabajo? Falta de humanismo y legalidad de la secretaria de movilidad?
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- Este artículo de opinión critica la actuación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas respecto a la regulación de plataformas digitales como Uber y DiDi.
- Los autores sostienen que las acciones de fiscalización y los comunicados restrictivos carecen de fundamento legal, dado que la legislación estatal ya reconoce el transporte privado especializado mediante tecnología.
- Al mencionar un juicio de amparo interpuesto por un conductor, el texto argumenta que la administración ignora principios constitucionales de legalidad y el derecho al trabajo, afectando el sustento de diversas familias. Diario del Soconusco
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Este artículo de opinión critica la actuación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas respecto a la regulación de plataformas digitales como Uber y DiDi. Los autores sostienen que las acciones de fiscalización y los comunicados restrictivos carecen de fundamento legal, dado que la legislación estatal ya reconoce el transporte privado especializado mediante tecnología. Al mencionar un juicio de amparo interpuesto por un conductor, el texto argumenta que la administración ignora principios constitucionales de legalidad y el derecho al trabajo, afectando el sustento de diversas familias.
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Plataformas digitales en Chiapas: ¿regular el transporte o castigar el derecho al trabajo? Falta de humanismo y legalidad de la secretaria de movilidad?
Este artículo de opinión critica la actuación de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas respecto a la regulación de plataformas digitales como Uber y DiDi. Los autores sostienen que las acciones de control y los comunicados de la dependencia carecen de fundamento legal y contradicen la propia legislación estatal que reconoce el transporte privado especializado mediante tecnología. Al resaltar un juicio de amparo interpuesto por un conductor, el texto subraya la tensión entre la ejecución administrativa y el derecho constitucional al trabajo, exigiendo certeza jurídica en lugar de operativos punitivos.
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