La DEA cruza la línea y pone su mira en el poder político mexicano
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- El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA y el Departamento de Justicia, ha lanzado una ofensiva intensificada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), clasificándolo como organización terrorista.
- Más allá de perseguir a narcotraficantes de alto nivel, las autoridades estadounidenses advirtieron explícitamente que los funcionarios del gobierno mexicano que protejan o faciliten las operaciones del cártel serán procesados como colaboradores criminales.
- Este cambio estratégico busca desmantelar la estructura operativa completa del cártel, incluyendo sus redes financieras y su protección política.
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LA DEA CRUZA LA LÍNEA Y PONE SU MIRA EN EL PODER POLÍTICO MEXICANO
El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA y el Departamento de Justicia, ha lanzado una ofensiva intensificada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), clasificándolo como organización terrorista. Más allá de perseguir a narcotraficantes de alto nivel, las autoridades estadounidenses advirtieron explícitamente que los funcionarios del gobierno mexicano que protejan o faciliten las operaciones del cártel serán procesados como colaboradores criminales. Este cambio estratégico busca desmantelar la estructura operativa completa del cártel, incluyendo sus redes financieras y su protección política.
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El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, ha intensificado su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al dirigirse hacia figuras políticas sospechosas de brindar protección. Durante un anuncio reciente en Washington, las autoridades advirtieron que los funcionarios públicos que faciliten las operaciones de los cárteles podrían ser clasificados como parte de su estructura operativa. Este cambio en la retórica señala una intención de tratar la corrupción política como una participación directa en el crimen organizado, acompañada de recompensas millonarias.
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El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA y el Departamento de Justicia, ha lanzado una ofensiva intensificada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), clasificándolo como organización terrorista. Más allá de perseguir a traficantes de alto nivel, las autoridades estadounidenses advirtieron explícitamente que los funcionarios del gobierno mexicano que protejan o faciliten las operaciones del cártel serán procesados como colaboradores criminales. Este cambio estratégico busca desmantelar la infraestructura del cártel, incluyendo sus redes financieras y protección política, mediante sanciones judiciales y migratorias.
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