IBERO Puebla | A 36 años de la desaparición de Tomás Pérez, familiares exigen verdad y justicia
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- A tres décadas y media de la desaparición del activista indígena y campesino Tomás Pérez Francisco en Pantepec, su familia y diversas organizaciones de derechos humanos han intensificado sus demandas de justicia y una búsqueda efectiva ante la Fiscalía General del Estado de Puebla.
- La cobertura local coincide en un tono crítico, señalando un conflicto jurídico central: mientras los familiares y especialistas denuncian que la Fiscalía intenta cerrar el caso alegando la prescripción del delito, los colectivos rechazan esta postura, calificándola como un intento de evadir la responsabilidad en la investigación.
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Caso Tomás Pérez: exigen avances en investigación tras 36 años
A 36 años de la desaparición de Tomás Pérez Francisco, su familia y organizaciones de derechos humanos exigen avances en la investigación. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha planteado que el delito podría estar prescrito, postura que especialistas critican como un intento de cerrar el caso sin hallar a la víctima. Los defensores argumentan que la investigación carece de debida diligencia y no aborda el contexto de desaparición forzada y violencia estructural contra comunidades indígenas.
Leer en el medio originalA 36 años de la desaparición de Tomás Pérez en Pantepec, piden avances a Fiscalía de Puebla
A 36 años de la desaparición forzada del activista indígena Tomás Pérez Francisco en Pantepec, su familia y colectivos de derechos humanos exigen avances a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Los familiares denuncian que la Fiscalía intenta cerrar el caso alegando la prescripción del delito, argumento que especialistas jurídicos rechazan al ser la desaparición un delito continuado. La familia demanda el cumplimiento de peritajes pendientes y denuncia trabas burocráticas y revictimización que impiden alcanzar justicia para la comunidad tutunakú.
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A treinta y seis años de la desaparición del campesino Tomás Pérez Francisco en Pantepec, Puebla, su familia y organizaciones de derechos humanos exigen justicia y una búsqueda efectiva. La familia critica a la Fiscalía General del Estado de Puebla por intentar declarar la prescripción del delito y por incumplir los acuerdos de investigación pactados a inicios de 2025. Expertos y activistas denuncian violencia estructural contra comunidades indígenas y demandan una investigación con perspectiva intercultural para evitar que el caso sea archivado sin resolución.
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