Ungrd: traslado de testigos pone bajo la lupa vínculo de Minjusticia con Carlos R. González
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- El gobierno colombiano ha reaccionado ante los recientes asesinatos de dos funcionarios del Inpec, Diego Acevedo en Girón y Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta.
- El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, emitieron declaraciones condenando la violencia y prometiendo que los responsables enfrentarán la justicia.
- Estos homicidios selectivos de guardias penitenciarios resaltan los desafíos de seguridad que enfrentan los funcionarios del sistema carcelario, provocando llamados oficiales de rendición de cuentas y protección. Semana
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Abelardo De La Espriella lanzó advertencia tras asesinato de dragoneante del Inpec: “La sangre derramada no quedará en la impunidad”
El gobierno colombiano ha reaccionado ante los recientes asesinatos de dos funcionarios del Inpec, Diego Acevedo en Girón y Bryan Rangel Saavedra en Cúcuta. El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, emitieron declaraciones condenando la violencia y prometiendo que los responsables enfrentarán la justicia. Estos homicidios selectivos de guardias penitenciarios resaltan los desafíos de seguridad que enfrentan los funcionarios del sistema carcelario, provocando llamados oficiales de rendición de cuentas y protección.
Leer en el medio original“No nos van a amedrentar”: ministro Iván Cancino tras el asesinato de dragoneante del Inpec en Cúcuta
El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, condenó el asesinato del dragoneante del Inpec, Bryan Rangel Saavedra, en Cúcuta. El ataque ocurrió en una estación de servicio cercana a la penitenciaría local cuando el funcionario terminaba su jornada. Ante el homicidio y las agresiones contra el centro penitenciario, el Gobierno nacional prometió perseguir a los responsables y enfatizó que estas acciones criminales no frenarán las labores de control ni la operatividad judicial.
Leer en el medio originalAsesinan a tiros a un funcionario del Inpec en una estación de servicio de Cúcuta, Norte de Santander, tras salir de su turno de trabajo
Bryan Rangel Saavedra, un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue asesinado a tiros en una estación de servicio en Cúcuta, Colombia, tras finalizar su turno en la cárcel Modelo. El ministro de Justicia, Iván Cancino, condenó el homicidio, calificándolo como un ataque dirigido para amedrentar al personal penitenciario. El crimen ocurre tras un reciente atentado contra otros dos funcionarios en Barranquilla, lo que ha llevado al Gobierno a reafirmar su compromiso de perseguir a los responsables y reforzar la seguridad de los trabajadores.
Leer en el medio originalProcurador Gregorio Eljach rechaza amenazas contra el presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Justicia y el director del Inpec
La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Justicia han condenado las amenazas dirigidas contra el Presidente, el Ministro de Justicia y el Director del Inpec. Estas intimidaciones surgen tras un ataque contra dos dragoneantes del Inpec en Barranquilla, posiblemente vinculado a traslados de cabecillas carcelarios. Mientras las autoridades investigan la autenticidad y el origen de los mensajes, el Gobierno sostiene que los traslados penitenciarios continuarán y ha reforzado las medidas de seguridad para proteger a los funcionarios.
Leer en el medio originalUngrd: traslado de testigos pone bajo la lupa vínculo de Minjusticia con Carlos R. González
La defensa de los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla cuestiona el traslado de ambos desde una guarnición militar hacia la cárcel La Picota, ordenado por el Inpec. Los abogados argumentan que la medida ignora órdenes judiciales previas que buscaban proteger la integridad de los testigos, quienes enfrentan un riesgo 'extremo' por su colaboración en el caso de corrupción de la Ungrd. La controversia incluye señalamientos de conflicto de interés contra el ministro de Justicia, Iván Cancino, por su pasado vínculo profesional con el prófugo Carlos Ramón González. Mientras el Gobierno defiende la medida como un fin a los privilegios, la defensa advierte sobre riesgos para la vida de los implicados.
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