Denunció CFE ante FGR a vecina de Acapulco por toma de oficinas, señalan
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- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia penal contra la usuaria Ana María Bautista Báez tras su participación en una protesta en las oficinas de la paraestatal en Acapulco para exigir mejoras en el servicio eléctrico.
- Ante esto, el Colectivo de Organizaciones Solidarias (COS), encabezado por la exdiputada Rosario Merlín García, se manifestó ante la FGR denunciando que la acción legal es una represalia.
- Los manifestantes solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar estas medidas contra ciudadanos que exigen servicios adecuados.
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CFE denuncia penalmente a usuaria que se manifestó en sus instalaciones
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Denunció CFE ante FGR a vecina de Acapulco por toma de oficinas, señalan
Quadratin Guerrero · actualizado el 27 jul
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CFE denuncia penalmente a usuaria que se manifestó en sus instalaciones
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó una denuncia penal contra la usuaria Ana María Bautista Báez tras su participación en una protesta en las oficinas de la paraestatal en Acapulco para exigir mejoras en el servicio eléctrico. Ante esto, el Colectivo de Organizaciones Solidarias (COS), encabezado por la exdiputada Rosario Merlín García, se manifestó ante la FGR denunciando que la acción legal es una represalia. Los manifestantes solicitaron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar estas medidas contra ciudadanos que exigen servicios adecuados.
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Habitantes de Acapulco, encabezados por la activista Rosario Merlín García, protestaron ante la delegación de la FGR para denunciar la criminalización de ciudadanos que exigen servicios eléctricos adecuados. El conflicto surge tras una denuncia interpuesta por la CFE contra una vecina luego de la toma de sus oficinas para demandar mejoras en la infraestructura. Los manifestantes señalan que transformadores obsoletos y falta de capacidad provocan apagones constantes en múltiples colonias. Exigen la intervención de autoridades federales y locales para evitar represalias legales por reclamar servicios públicos.
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