Defensoría pide “medidas urgentes” para proteger a comunidades de dos municipios en los que coexisten varios grupos armados
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- La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo de escalamiento de la violencia en Ricaurte y Mallama, Nariño, tras el fin del diálogo con la CNEB.
- La disputa territorial entre grupos ilegales como Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal aumenta la inseguridad.
- La alerta advierte sobre amenazas críticas para comunidades indígenas Awá y Los Pastos, líderes sociales y civiles, ante el incremento de homicidios y violaciones al derecho internacional humanitario. El Espectador
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Fin del diálogo con la CNEB aumenta el riesgo de enfrentamientos en Nariño: Defensoría
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Defensoría pide “medidas urgentes” para proteger a comunidades de dos municipios en los que coexisten varios grupos armados
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Fin del diálogo con la CNEB aumenta el riesgo de enfrentamientos en Nariño: Defensoría
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante el riesgo de escalamiento de la violencia en Ricaurte y Mallama, Nariño, tras el fin del diálogo con la CNEB. La disputa territorial entre grupos ilegales como Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos por el control de rutas de narcotráfico y minería ilegal aumenta la inseguridad. La alerta advierte sobre amenazas críticas para comunidades indígenas Awá y Los Pastos, líderes sociales y civiles, ante el incremento de homicidios y violaciones al derecho internacional humanitario.
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Defensoría pide “medidas urgentes” para proteger a comunidades de dos municipios en los que coexisten varios grupos armados
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente ante el escalamiento de la violencia en los municipios de Ricaurte y Mallama, en Nariño, Colombia. El riesgo se debe a las disputas territoriales entre grupos armados como los Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, que controlan economías ilícitas y corredores hacia Ecuador. La alerta advierte sobre amenazas graves para las comunidades indígenas Awá y Los Pastos, incluyendo el reclutamiento forzado y altas tasas de homicidios. La entidad presentó 29 recomendaciones al Estado para proteger los derechos humanos y a la población civil.
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