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Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

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  • Un juzgado de San Bernardo decretó prisión preventiva para Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, funcionario administrativo con 29 años de servicio en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
  • El imputado es acusado de colaborar con una banda narcotraficante en la Región Metropolitana mediante la revelación de secretos y obstrucción de investigaciones.
  • Mientras la Fiscalía destaca delitos de cohecho agravado, la defensa sostiene que el imputado ha colaborado entregando evidencias.
  • El tribunal estableció un plazo de investigación de 200 días.

Resumen sintetizado con IA a partir de 2 notas de 2 medios. El titular es el que publicó el medio de origen. Cómo lo hacemos

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De las 3 coberturas que NewsRadar analizó para esta historia, 2 coberturas neutrales y 1 cobertura crítica: el tratamiento dominante es neutral.

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Prisión preventiva para funcionario de tribunal de Santiago acusado de colaborar con narcos de la RM

Un juzgado de San Bernardo decretó prisión preventiva para Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, funcionario administrativo con 29 años de servicio en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. El imputado es acusado de colaborar con una banda narcotraficante en la Región Metropolitana mediante la revelación de secretos y obstrucción de investigaciones. Mientras la Fiscalía destaca delitos de cohecho agravado, la defensa sostiene que el imputado ha colaborado entregando evidencias. El tribunal estableció un plazo de investigación de 200 días.

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Decretan prisión preventiva para funcionario del Poder Judicial que filtraba información a organizaciones criminales

Un funcionario del Poder Judicial, Jaime Inostroza Andrade, fue puesto en prisión preventiva tras ser acusado de filtrar información reservada a organizaciones criminales a cambio de sobornos. La investigación, liderada por la Fiscalía Occidente, se inició luego de que bandas dedicadas al narcotráfico detectaran y desmantelaran equipos de vigilancia. Las autoridades identificaron accesos indebidos a expedientes y detectaron ingresos injustificados por 80 millones de pesos junto con viajes a Estados Unidos. Se fijó un plazo de 200 días para la investigación.

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