Busca iniciativa considerar como traidores a la patria a servidores públicos que tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado
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- Una iniciativa legislativa fue presentada ante la Comisión de Justicia para clasificar como traidores a la patria a los servidores públicos con vínculos con el crimen organizado o involucrados en actos de corrupción.
- La propuesta busca imponer penas de hasta 40 años de prisión y multas significativas por el desvío de fondos públicos o el aumento patrimonial no comprobado.
- Al incluir tanto a funcionarios como a particulares beneficiados, la iniciativa pretende recuperar la confianza ciudadana tras recientes escándalos de corrupción.
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BUSCA INICIATIVA CONSIDERAR COMO TRAIDORES A LA PATRIA A SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN O ESTABLEZCAN VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
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BUSCA INICIATIVA CONSIDERAR COMO TRAIDORES A LA PATRIA A SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN O ESTABLEZCAN VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
Una iniciativa legislativa fue presentada ante la Comisión de Justicia para clasificar como traidores a la patria a los servidores públicos con vínculos con el crimen organizado o involucrados en actos de corrupción. La propuesta busca imponer penas de hasta 40 años de prisión y multas significativas por el desvío de fondos públicos o el aumento patrimonial no comprobado. Al incluir tanto a funcionarios como a particulares beneficiados, la iniciativa pretende recuperar la confianza ciudadana tras recientes escándalos de corrupción.
Leer en el medio originalBusca iniciativa considerar como traidores a la patria a servidores públicos que tengan o establezcan vínculos con el crimen organizado
El diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI) impulsó una reforma al Código Penal Federal para tipificar como traición a la patria a los servidores públicos con vínculos con el crimen organizado o la corrupción. La iniciativa propone penas de hasta 40 años de prisión y multas severas para funcionarios involucrados en delitos como el narcotráfico, el contrabando de hidrocarburos o el desvío de recursos públicos. La propuesta también busca sancionar a particulares que se beneficien de estos actos, con el fin de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
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