Sancionan a 17 servidores públicos por cobros indebidos, retiros sin permiso y más irregularidades
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- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno obtuvo sanciones administrativas contra dos servidores públicos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Tras investigaciones del Órgano Interno de Control, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una inhabilitación de 10 años a Juan José R. y de 1 año a Víctor Hugo A. por cohecho y reembolsos indebidos.
- La resolución incluye indemnizaciones económicas para resarcir el daño patrimonial causado entre los años 2018 y 2019. El Soberano
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Buen Gobierno logra inhabilitaciones de hasta 10 años por cohecho para 2 personas servidoras públicas
El Soberano · actualizado el 5 sep
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Sancionan a 17 servidores públicos por cobros indebidos, retiros sin permiso y más irregularidades
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Buen Gobierno logra inhabilitaciones de hasta 10 años por cohecho para 2 personas servidoras públicas
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno obtuvo sanciones administrativas contra dos servidores públicos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. Tras investigaciones del Órgano Interno de Control, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una inhabilitación de 10 años a Juan José R. y de 1 año a Víctor Hugo A. por cohecho y reembolsos indebidos. La resolución incluye indemnizaciones económicas para resarcir el daño patrimonial causado entre los años 2018 y 2019.
Leer en el medio originalSancionan a 17 servidores públicos por cobros indebidos, retiros sin permiso y más irregularidades
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones contra 17 servidores públicos de diversas instituciones federales por irregularidades como sobornos, retiros bancarios no autorizados y nepotismo. Entre los casos destacados se encuentran empleados de la CFE que solicitaron pagos indebidos y un trabajador del ISSSTE que utilizó una cédula profesional ajena. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones que incluyen multas e inhabilitaciones de hasta diez años. Estas medidas buscan corregir faltas administrativas y proteger los recursos públicos en dependencias como el SAT, el INAH y el Banco del Bienestar.
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