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Investigaciones revelan que empresas vinculadas al círculo empresarial de Guadalupe Taddei, específicamente Cajas Graf y Litho Formas, recibieron más de 123 millones de pesos en contratos para la elección judicial de 2025. Los contratos fueron otorgados por organismos electorales en Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit. Auditorías de la ASF y la UIF sugieren un patrón de competencia simulada y vínculos estrechos entre estas empresas y exfuncionarios electorales, señalando posibles irregularidades en la adquisición de materiales para los comicios.

Investigaciones de la ASF y la UIF han revelado presuntas irregularidades que involucran a empresas vinculadas a la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Siete compañías, supuestamente coordinadas por los hermanos Hernández Casillas, están bajo investigación por simular competencia para obtener contratos electorales. Estas empresas habrían obtenido más de 123 millones de pesos de organismos electorales en Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Coahuila y Nayarit para la elección judicial de 2025. Las autoridades indagan si las firmas utilizaron oficinas y personal compartido para concentrar recursos públicos.

Investigaciones de la ASF y la UIF revelaron que un grupo de empresas vinculadas al entorno de la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei, obtuvo más de 123 millones de pesos en contratos de organismos electorales locales (OPLE) para la elección judicial de 2025. Las empresas, entre ellas Cajas Graf y Litho Formas, presuntamente utilizaron un esquema de simulación de competencia al compartir domicilios y representantes legales para concentrar fondos públicos. Los contratos se distribuyeron en cinco estados, incluyendo Quintana Roo y Sonora, lo que genera dudas sobre la transparencia y la integridad del gasto electoral.