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Ocho municipios de Tlaxcala promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las auditorías de sus cuentas públicas de 2025. La disputa se centra en si el Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala tiene facultades para revisar recursos federales, algo que los ayuntamientos sostienen que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Las auditorías señalaron presuntas afectaciones al erario por más de 18 millones de pesos debido a gastos no comprobados y recursos faltantes.

Ocho municipios de Tlaxcala han promovido controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la fiscalización de sus cuentas públicas de 2025. Las autoridades municipales argumentan que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y el Congreso local exceden sus facultades al auditar recursos federales, una atribución que la SCJN ya asignó exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los procesos legales involucran montos significativos señalados por posibles irregularidades, como gastos sin comprobar y recursos faltantes en las regiones afectadas.