Noticias de Oriental

Un juez federal condenó a Sergio “N” a 12 años de prisión por la posesión de un inhibidor de señal equipado con seis antenas. El individuo fue detenido por la Guardia Nacional en la carretera Amozoc–Teziutlán, a la altura del municipio de Oriental. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó las pruebas necesarias para obtener la sentencia, fundamentada en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión bajo el delito de ataques a las vías generales de comunicación.

Un juez federal condenó a Sergio “N” a 12 años de prisión tras su detención por la Guardia Nacional en la carretera Amozoc–Teziutlán. El individuo fue sorprendido con un inhibidor de señal de seis antenas, dispositivo prohibido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La Fiscalía General de la República logró demostrar que la posesión del equipo constituía un ataque a las vías generales de comunicación, obteniendo la sentencia solicitada tras las investigaciones realizadas en Puebla.

El periodista Héctor de Mauleón revela que Nazario Ramírez Ramírez, un operador del CJNG y líder transportista, presuntamente recibía protección de elementos militares bajo órdenes de un general de brigada. Ramírez, detenido en Guadalajara, es acusado de utilizar su influencia sindical para facilitar el tráfico de drogas y el lavado de dinero para el cártel. La investigación destaca la supuesta corrupción en la 21 Zona Militar y los posibles vínculos políticos entre el criminal y funcionarios de alto nivel en Jalisco.

El artículo detalla la detención de Nazario Ramírez Ramírez, un empresario y líder de la CTM Jalisco identificado por autoridades federales como operador del CJNG dedicado a la extorsión y el narcotráfico. El reporte destaca su amplia influencia en círculos políticos y sindicales de Jalisco y Puebla, alegando que utilizaba estructuras laborales para facilitar actividades ilícitas. Lo más relevante es que la investigación sugiere que elementos de la Policía Militar le brindaban seguridad directa bajo órdenes de altos mandos militares, protegiendo así operaciones del crimen organizado.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de las Mujeres, formalizó convenios de colaboración con ocho municipios y la Universidad Interserrana Ahuacatlán para fortalecer la Red de Municipios por la Igualdad Sustantiva. El objetivo es reducir las brechas de género mediante la capacitación de funcionarios y la integración de la perspectiva de género en los servicios públicos locales. Los municipios participantes incluyen Chignahuapan, Oriental, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Ixtacamaxtitlán, Tlaola, Zacatlán y Ahuacatlán.

La Secretaría de las Mujeres de Puebla formalizó convenios de colaboración con ocho municipios, entre ellos Chignahuapan y Oriental, para fortalecer la Red de Municipios por la Igualdad Sustantiva. El objetivo es reducir las brechas de género mediante la integración de la perspectiva de género en políticas locales y la capacitación de funcionarios. Además, se suscribió un convenio con la Universidad Interserrana Ahuacatlán para promover la formación en derechos humanos. La iniciativa busca construir comunidades más equitativas mediante la coordinación entre los niveles estatal, municipal y académico.

Puebla se ha consolidado como uno de los tres principales productores de carne de cerdo en México, aportando cerca del 15% del volumen nacional con casi 200 mil toneladas producidas. Municipios como Tehuacán y Atlixco lideran esta actividad, la cual sostiene más de 200 mil empleos directos e indirectos. El sector cuenta con la participación de empresas clave como Granjas Carrol y contribuye significativamente tanto al consumo interno como a la exportación internacional.

Entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía General del Estado en Puebla abrió 15 carpetas de investigación por delitos ambientales, impulsadas principalmente por la tala clandestina en Zacatlán y Huauchinango. A pesar de una tendencia histórica al alza en las investigaciones en años recientes, el número de detenciones sigue siendo bajo, con solo cuatro personas aseguradas en este periodo. Esta disparidad resalta una brecha significativa entre el volumen de delitos ambientales reportados y la efectividad de las detenciones o procesos judiciales.