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Durante la plenaria de clausura del Congreso Nacional Indígena (CNI), representantes denunciaron la criminalización de las comunidades indígenas y la expansión de proyectos extractivistas en México. La organización rechazó la iniciativa de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, argumentando que dicha legislación vulnera su autonomía colectiva y derecho a la libre determinación. Asimismo, el CNI exigió la liberación de presos políticos y criticó la presunta complicidad gubernamental ante la violencia, la militarización y el avance del crimen organizado en los territorios originarios.

Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) concluyeron sus actividades por su 30 aniversario exigiendo la liberación de presos políticos y rechazando una iniciativa gubernamental sobre derechos indígenas. La organización denunció la criminalización de defensores comunitarios, el despojo de territorios y la imposición de megaproyectos extractivos. Sostuvieron que las decisiones sobre autonomía y territorio no deben ser impuestas por autoridades mediante mecanismos de consulta, señalando además amenazas por el crimen organizado y la militarización.