Noticias de Atlangatepec

El gobierno de Tlaxcala busca acelerar la creación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Atlangatepec para modernizar la gestión de residuos. El proyecto pretende sustituir los tiraderos a cielo abierto por un parque industrial enfocado en el reciclaje y la generación de energía. Para atender preocupaciones ambientales, las autoridades realizan estudios de impacto en San Pedro Ecatepec y se han comprometido a realizar consultas ciudadanas y cumplir con la legalidad para garantizar la viabilidad técnica.

El colectivo Brigada Ambiental ha renovado su rechazo a la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI) en Atlangatepec, Tlaxcala. El grupo argumenta que el proyecto amenaza la biodiversidad y las zonas de recarga hídrica en San Pedro Ecatepec. Las tensiones han escalado desde mayo de 2026, con diálogos fallidos y enfrentamientos con la policía estatal. El movimiento ahora coordina acciones con colectivos regionales para exigir que las autoridades reubiquen el proyecto industrial y protejan los recursos naturales.

El gobierno de Tlaxcala busca acelerar la consolidación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi) en Atlangatepec para corregir el rezago estatal en el manejo de residuos sólidos. El secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, destacó la urgencia del proyecto y su respaldo federal para impulsar la inversión y el empleo. No obstante, las autoridades señalaron que la ejecución está sujeta al cumplimiento de procesos legales y a procesos de consulta con la población local.

La comunidad de San Pedro Ecatepec en Tlaxcala se resiste a la instalación del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI). Los habitantes argumentan que el territorio ya ha soportado tres décadas de degradación ambiental debido a un importante sitio de disposición final. Denuncian la falta de transparencia, la ausencia de consultas previas y la decisión de concentrar más residuos en una zona que ya enfrenta graves riesgos ecológicos y una deuda ambiental histórica.

El relleno sanitario de Atlangatepec presenta retrasos operativos significativos, con camiones recolectores que enfrentan esperas de hasta tres horas. Estas interrupciones, causadas por fallas en la maquinaria y cierres periódicos para el reacomodo de desechos, afectan a diversos municipios. Se prevé que la situación empeore tras el cierre del relleno de Calpulalpan, lo que obligará a 60 municipios a depender únicamente de la instalación de Atlangatepec. Esta presión creciente amenaza los cronogramas de recolección y aumenta la inconformidad ciudadana en la región.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, aclaró que la planta de economía circular en Atlangatepec, Tlaxcala, no sustituirá al proyecto de desarrollo en San José Chiapa, Puebla. Destacó la relación de complementariedad entre ambos estados para evitar la percepción de competencia. El proyecto en San José Chiapa (Podecobi) avanza en su planeación técnica y financiera, con el objetivo de generar 750 empleos totales. Se prevé que las obras inicien a finales de 2026 bajo estrictos controles de cumplimiento para las empresas.

Comunidades de Puebla y Tlaxcala denunciaron los Polos de Desarrollo de Economía Circular (Podecibi) como una forma de "racismo ambiental" y despojo neoliberal. Durante un foro reciente, organizaciones sociales advirtieron que estos proyectos industriales de reciclaje amenazan la salud pública, el suelo y el agua, además de desplazar a las poblaciones locales. Los manifestantes también acusaron a los gobernadores estatales de utilizar la intimidación y la fuerza policial para reprimir la oposición a estos proyectos de inversión respaldados por el gobierno.

El artículo critica al Órgano de Fiscalización Superior y a la Comisión de Finanzas del Congreso estatal por presuntamente exceder su autoridad constitucional al fiscalizar recursos federales. El autor sostiene que la revisión de dichos fondos es facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que invalidaría los informes estatales actuales. Además, el texto denuncia un posible sesgo político en los procesos de fiscalización, cuestionando específicamente por qué los municipios de Huamantla y Atlangatepec recibieron evaluaciones de daño patrimonial desproporcionadas.