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ICE modificó su plataforma digital de rastreo, eliminando de su base de datos pública la ubicación de aproximadamente 16,000 migrantes con órdenes de deportación definitivas. Organizaciones legales, como la ACLU y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, advierten que esta falta de transparencia dificulta la defensa jurídica y genera pánico en las familias. Mientras ICE niega que esté 'desapareciendo' personas y señala agresiones contra sus agentes, el DHS sostiene que los cambios respetan los derechos constitucionales.
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